Politica

En medio de la discusión de reforma laboral, la bancada del partido Centro Democrático, del que hace parte el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, se retiró de la plenaria del Senado y de la Cámara de este lunes 16 de junio. Mientras se discutía el artículo 76 del proyecto de la reforma laboral, relacionado a la formalización del sector camionero, el senador Carlos Meisel tomó la palabra del debate en la plenaria del Congreso, que se lleva a cabo este lunes 16 de junio, y anunció la retirada de la bancada del Centro Democrático del recinto para acompañar a la familia del también congresista y precandidato presidencial, Miguel Uribe, quien permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá. “La bancada del Centro Democrático atendiendo lo que ya el país empieza a conocer que tristemente la situación de nuestro compañero es extremadamente crítica, nosotros queremos anunciar que vamos rumbo a la clínico. Nosotros no tenemos como estar aquí hoy, esperamos que nos entiendan y nos comprendan”, detalló Meisel al respecto. La decisión se tomó minutos después del anuncio del nuevo parte de salud del congresistaen el que se informó su salida de la cirugía de urgencia a la que fue sometido este lunes. “La Fundación Santa Fe de Bogotá informa, por solicitud de la familia, que el paciente Miguel Uribe Turbay salió de cirugíay su condición es extremadamente crítica caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control”, se puntualizó a través de un comunicado en el que se reiteró que la condición de Uribe Turbay “es de la máxima gravedad, continuará su monitoreo continúo con un pronóstico reservado”. De igual forma, tras el anuncio del senador Meisel, el congresista liberal Miguel Ángel Pinto anunció que, junto con sus copartidarios Mauricio Gómez, Juan Pablo Gallo y Karina Espinoza, se retiran hacía la clínica Santa Fe en el norte de Bogotá. El presidente del senado, Efraín Cepeda, indicó que, por lo pronto, la sesión de este lunes continúa en medio del último debate del proyecto: “Vamos a evaluar en algún momento si la sesión se levanta, pero mientras tanto tenemos algunos artículos que están ya consensuados. Vamos a avanzar en los artículos de consensos y podemos dejar para después otros artículos más polémicos”. En la plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista Andrés Forero informó que, debido a la crítica situación de salud del senador, la bancada del partido Centro Democrático también se retira de la corporación para dirigirse al centro médico en el que está internado Uribe Turbay desde el pasado sábado 7 de junio tras ser trasladado por ser herido de gravedad de un disparo en la cabeza y otro en el muslo izquierdo. “Le pedíamos la palabra para decirle y solicitarle a la mesa directiva para retirarnos de la plenaria en vista de la crítica situación de salud que tiene nuestro compañero y amigo, el doctor Miguel Uribe Turbay, para acompañar a su familia en la clínica y para seguir orando por su pronta recuperación”, indicó Forero en una corta intervención. Como partido, el Centro Democrático emitió un comunicado informando de las retiradas de sus senadores y representantes de las plenarias: “No hay corazón, ni mente, ni alma para debatir una reforma que poco le aporta a la generación de empleo y por el contrario afecta a la micro y pequeña empresa. No hay humanidad para ver como algunos sectores políticos acuerdan con el gobierno aprobar una reforma inconveniente para “supuestamente” no violar la Constitución”. Se debe recordar que el precandidato a la presidencia de la República fue víctima de un atentado en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, el 7 de junio sobre las 5:30 p. m. cuando dirigía un mitin político de cara a las elecciones de 2026. En ese momento, un menor de 15 años, que fue aprehendido y judicializado por la Fiscalía General de la Nación, llegó a la zona y le disparó con un armaGlockde 9 milímetros. Videos e imágenes del momento retratan que se escucharon nueve impactos de bala y, según las autoridades, 12 vainillas se encontraron. La investigación sobre los autores intelectuales del ataque sigue avanzando y, hasta el momento, se han capturado tres personas, entre estas el joven sicario, un hombre identificado como Carlos Eduardo Mora Gonzáles y una joven de 19 años de nombre Katerine Andrea Martínez Martínez. Mora Gonzáles, por su parte, “estaría presente en el vehículo al interior del cual se le entregó el arma y se cambiaron las prendas de vestir al adolescente”. Las autoridades, además, indicaron que Martínez, alias ‘Gabriela’, también habría estado en el automóvil involucrado y que tiene antecedentes por delitos como daño en bien ajeno y lesiones personales.

En un país marcado por tensiones políticas, crisis económica y altos índices de violencia, el presidente ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto de consulta popular, amparado en el artículo 104 de la Constitución. A través de redes sociales y mensajes masivos, su discurso se centra en la importancia de devolver el poder de decisión al pueblo, apelando a una movilización masiva como la del pasado 18 de marzo, la cual ha sido interpretada por el oficialismo como un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Sin embargo, la implementación de una consulta popular en este momento genera dudas y reacciones encontradas. Para algunos analistas, es un intento legítimo de reforzar la democracia participativa, mientras que para otros es una estrategia política para afianzar su base de apoyo y desviar la atención de las crisis que enfrenta el país. Un país polarizado La economía atraviesa una desaceleración preocupante. La inflación y el desempleo siguen golpeando a los sectores más vulnerables, mientras que las políticas del gobierno han sido duramente criticadas por empresarios y gremios productivos. A esto se suman los problemas de salud pública: hospitales en crisis, retrasos en la entrega de medicamentos y una reforma que genera incertidumbre tanto en médicos como en ciudadanos. Por otro lado, la violencia sigue siendo un flagelo sin resolver. Las cifras de homicidios, desplazamientos forzados y el control territorial por parte de grupos armados ilegales demuestran que la paz sigue siendo un sueño lejano. Aunque el gobierno insiste en que su política de diálogo es el camino, la percepción de inseguridad sigue creciendo. ¿Consulta o estrategia de comunicación? Mientras el gobierno insiste en que la consulta popular busca empoderar a la ciudadanía, sectores de la oposición advierten que el uso masivo de redes y supuestas “bodegas digitales” tiene un objetivo claro: influir en la opinión pública y reforzar la imagen presidencial en un momento de baja popularidad. El país enfrenta una encrucijada. ¿Será la consulta un verdadero ejercicio democrático o una herramienta para consolidar el poder del Ejecutivo? En medio de una crisis política sin precedentes, la ciudadanía tendrá que decidir si este mecanismo representa una solución o un síntoma más de la polarización que divide a la nación.

La nueva orden del presidente Gustavo Petro ha levantado incertidumbre, mientras los pacientes siguen, a diario, en largas filas para reclamar sus medicamentos. Una nueva polémica surgió por cuenta de la nueva orden del presidente Gustavo Petro , quien dijo que hay acaparamiento de medicamentos por parte de las gestoras farmacéuticas y por lo cual ordenó allanamiento por parte del Ejército y la Policía en caso que se sigan reteniendo los medicamentos. “La insulina la están acaparando y yo le pedí al Superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, señaló Petro. En el mismo sentido, aseguró que debe haber un cambio en la forma de entregar los medicamentos, en la que podrían participar, incluso, hospitales públicos. En medio del debate en Mañanas Blu, surgió la pregunta si la Policía y el Ejército sí tienen la autorización de allanar las bodegas, sin una orden judicial. La responsabilidad del Gobierno La crítica hacia las medidas anunciadas no se detiene ahí. De acuerdo con la mesa el gobierno, que ha intervenido a nivel de EPS, IPS y farmacias, debe asumir la responsabilidad por el desbordamiento de la crisis en el sistema de salud. Este tema ha desencadenado un significativo debate en Colombia sobre la efectividad del gobierno en la administración del sistema de salud y su capacidad para abordar esta crisis. Una estrategia cuestionableFelipe Zuleta, quien hace parte de la mesa y quien, además es abogado, argumentó que sin una orden judicial, ningún allanamiento puede llevarse a cabo. Esta afirmación resalta la necesidad de un marco legal sólido para actuar en tales circunstancias. “El presidente puede decir lo que quiera de allanamientos, pero sin una orden judicial, no pueden hacer nada”, dijo una fuente militar a Caldas informa A pesar de la regulación y control sobre estas instituciones, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Los expertos sugieren que el problema se origina en un diagnóstico erróneo y un modelo de intervención que no ha funcionado. La ideología detrás de estas reformas parece ser más un intento de imponer un cambio de modelo en vez de atender la crisis existente. Como afirma Héctor Riveros, abogado también, “el gobierno asumió la responsabilidad para lo bueno y lo malo”, pero hasta el momento, los resultados han sido desalentadores. El efecto dominó en el sistema de salud La crisis del sistema de salud se ha intensificado por la falta de financiamiento adecuado, lo que ha llevado a un efecto dominó donde las EPS y IPS sufren cada vez más por la falta de pagos. Los profesionales del sector de la salud advierten que esta falta de financiamiento está generando problemas graves para la atención de los pacientes, poniendo en riesgo su salud.

El alto Tribunal ordenó darle tramite a una recusación contra la juez 44 de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia. La Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras resolver una impugnación presentada por su defensa. La decisión exige que se tramite la recusación contra la jueza del caso, Sandra Heredia, antes de continuar con el proceso judicial. La recusación de la defensa y la decisión de la CorteLa Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia analizó una acción de tutela interpuesta por Uribe, quien alegaba que la Jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá había vulnerado sus derechos al debido proceso y acceso a la justicia al rechazar de plano una recusación presentada por su defensa. La jueza argumentó que la recusación carecía de fundamentos y la consideró una maniobra dilatoria. Sin embargo, la defensa de Uribe impugnó esta decisión, alegando que la jueza incurrió en defectos procedimentales y orgánicos, ya que, según la normatividad vigente, debía remitir la recusación a otro juez en lugar de decidir sobre su propia imparcialidad. Suspensión del proceso hasta nueva decisiónTras analizar el caso, la Corte Suprema encontró que la jueza había actuado fuera del procedimiento legal, lo que configuraba un defecto absoluto en la garantía del debido proceso. En consecuencia, revocó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y concedió la tutela a favor de Uribe. Además, ordenó que en un plazo de 48 horas el expediente sea enviado a un nuevo juez para que decida sobre la recusación. Mientras se resuelve este incidente, el proceso penal contra el expresidente permanecerá suspendido. Uribe es investigado por presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuaciones judiciales, en un caso que ha generado un amplio debate en la opinión pública

CALDAS INFORMA conoció que el ministro de Hacienda, Diego Guevara, saldrá en las próximas horas de esa entidad, por presuntas diferencias en temas presupuestales con el presidente Gustavo Petro. El desacuerdo que llevó a la salida de Guevara estuvo relacionado con los anuncios de un nuevo aplazamiento presupuestal por alrededor de $10 billones, debido a una estimación de menores ingresos a través de la Dian y a dificultades de caja registradas en meses anteriores. El presidente Gustavo Petro no aprobó este congelamiento de recursos e incluso habría solicitado una mayor disponibilidad de caja para avanzar en diferentes programas del Gobierno Nacional, incluyendo las reformas sociales. En la mañana de este martes 18 de marzo se desarrollará una reunión en la Casa de Nariño con la presencia de Gustavo Petro, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Dapre) y Diego Guevara para definir su futuro en el Gobierno. El hoy ministro de Hacienda deja el cargo tras cerca de dos meses en funciones oficiales. Sin embargo, desde el 7 de agosto de 2022 hacía parte de la cartera. En su reemplazo llegaría Germán Ávila, actual presidente del Grupo Bicentenario. Ávila es economista egresado de la Universidad Nacional, fundador y gestor de la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito “Crear Cooperativa” y exlíder de la Federación Nacional de Vivienda Popular (Fenavip). En los últimos dos años, Colombia ha tenido tres ministros de Hacienda: José Antonio Ocampo (7 de agosto de 2022 – 26 de abril de 2023), Ricardo Bonilla González (26 de abril de 2023 – 4 de diciembre de 2024) y Diego Guevara Castañeda. Germán Ávila sería el cuarto ministro de Hacienda en dos años del Gobierno Petro. Ya se le ofreció el cargo desde presidencia y se espera la oficialización de la salida de Diego Guevara.

La congresista sostuvo que los sindicatos dispondrán buses en varios municipios del departamento del Valle del Cauca para que las personas acudan a los puntos de encuentro pactados El 14 de marzo de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció durante un evento realizado en Aracataca (Magdalena), que realizaría una consulta popular, con la que pretende lograr que la ciudadanía decida sobre el futuro de sus reformas. “Ya inicia el proceso de consulta popular, es ya. No es que vamos a esperar a ver si el espíritu santo logra un milagro en el corazón de quienes falsamente levantan el Cristo, pero para apoyar el rico de Colón, no para apoyar a Jesús, el carpintero, trabajador”, detalló el jefe de Estado en el evento Cabe recordar que su petición tiene origen tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso de la República, por lo que pidió a todos los colombianos salir a las calles el 18 de marzo de 2025 para defender sus derechos y mostrar apoyo a sus proyectos de ley. “El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos porque violará la ley. El martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico, como lo será el día de las elecciones”, dijo durante su intervención. Luego del anuncio de Petro, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde Katherine Miranda denunció en sus redes sociales que el Sindicato Único de Trabajadores del Valle dispondrá buses en varios municipios para que las personas asistan a la marcha de este 18 de marzo convocada por el Gobierno nacional. La decisión del primer mandatario también fue criticada por el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, que señaló que la propuesta de Petro y sus aportes con dineros Estatales a la consecución de las marchas que convocó no tienen sentido, ya que el país se encuentra en una multimillonaria escasez de dinero. “Sin plata presupuestal indebidamente dirigida a montar movilizaciones tiene más fuerza un aljibe que Petro” Bajo la misma línea, expuso que las acciones del gobernante son un intento desesperado de recuperar el apoyo de los colombianos, puesto que, según él, desde hace varios años ya no tiene el control sobre las masas. “Petro hace rato perdió la calle espontánea: ahora la compra con plata ajena”, sostuvo el exalto funcionario. Un día cívico es una jornada decretada por las autoridades gubernamentales con el objetivo de conmemorar eventos específicos o facilitar la participación ciudadana en actividades de interés nacional. A diferencia de los días festivos, son decretados en circunstancias particulares y no necesariamente implican un descanso obligatorio para todos los trabajadores. Es importante mencionar que en el día cívico se suspenden las actividades para los funcionarios y empleados de las entidades de la rama Ejecutiva del orden nacional, tanto del nivel central como descentralizado. Así las cosas, los ministerios, departamentos administrativos y otras entidades gubernamentales no prestarán atención. Sin embargo, ciertos servicios esenciales continuarán operando con normalidad para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Estos incluyen: PolicíaFuerzas MilitaresServicios de salud públicaEmergenciasAtención y prevención de desastresMovilidad En el sector privado, la medida del día cívico no es de cumplimiento obligatorio. Cada empleador tiene la facultad de decidir si se acoge o no a la medida. Esto significa que los trabajadores de este sector deberán esperar la decisión de sus empleadores respecto a si podrán participar en las actividades del día cívico sin que esto afecte su relación laboral.

La convocatoria del Gobierno a movilizaciones sociales para impulsar y buscar la aprobación de sus reformas continúa generando reacciones. El primer llamado está programado para el próximo martes 18 de marzo, con el objetivo de que las bases que respaldan las políticas del Ejecutivo se manifiesten en las calles Sin embargo, para asegurar una nutrida participación en una jornada hábil, el Gobierno decidió decretar día cívico ese 18 de marzo, lo que inmediatamente provocó el rechazo de los alcaldes de las principales ciudades del país, quienes apoyan el derecho a la protesta, pero no la idea de paralizar sus regiones, justo en momentos en que la economía requiere una actividad constante. A la discusión sobre las movilizaciones sociales se unió también el nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien utilizó su cuenta de X para mandar un mensaje a los marchantes: “A quienes se movilicen, les agradecemos estar muy alerta y que nos informen cualquier infiltración de grupos delincuenciales o violentos que quieran deslegitimar la marcha o vulnerar los derechos fundamentales de quienes no marchan, como el derecho a la vida, libertad, movilidad, seguridad, integridad física, psíquica y moral“, publicó. El alto funcionario también indicó que las movilizaciones en pro de exigir los derechos siempre serán respetadas y protegidas por las Fuerzas Militares. Los analistas políticos han advertido que la marcha del 18 de marzo puede ser una movida riesgosa para el Gobierno, dado que también se convertirá en un termómetro sobre qué tanto respaldo tiene realmente, más allá de lo que dicen las encuestas. El dato más reciente sobre la popularidad del presidente Gustavo Petro indica que su desaprobación ha alcanzado un nivel significativo. Según la primera encuesta Invamer de 2025, realizada a fines de febrero, Petro tiene una desaprobación del 63 %, lo que representa un aumento de 3 puntos respecto a la medición anterior, en diciembre de 2024 Primero ensayó los balconazos, después los anuncios de que íbamos para una asamblea constituyente y como nada de eso funcionó, ahora sale con esta idea de la consulta popular”, asegura el exministro Juan Camilo Restrepo, quien considera que las marchas son una maniobra del presidente Petro para tratar de recobrar popularidad. Yo no me atrevería a predecir cuál va a ser la cantidad de gente que va a marchar, pero creo que no va a salir bien, porque la Corte Constitucional no va a ceder a la presión en las calles”, anota, por su parte Jorge Restrepo, director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo (Cerac). Añade que independientemente de si salen muchos o pocos, difícilmente es una acción que lograría sacar adelante las reformas. Por ahora, la convocatoria para el 18 de marzo ya cuenta con el respaldo del Comando Nacional Unitario (CNU), conformado por la CUT, CGT y CTC, así como de las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC y de las organizaciones de la Asamblea Nacional por el Cambio. Su motivación para protestar consiste en rechazar lo que consideran el “hundimiento de la reforma laboral” y exigir que el Congreso legisle en favor de “los trabajadores y el pueblo, en lugar de seguir favoreciendo a los sectores privilegiados que han perpetuado la desigualdad y la precarización laboral durante más de 30 años”.

CALDAS INFORMA | Análisis El presidente Gustavo Petro ha convocado a una masiva movilización nacional para el próximo martes, declarándolo “día cívico” e invitando a indígenas, mujeres y campesinos a salir “sin miedo” en lo que ha denominado el inicio de una “consulta popular”. El mandatario anunció que encabezará personalmente la manifestación en Bogotá y aseguró que la Fuerza Pública tiene órdenes de no intervenir, siempre que se mantenga el carácter pacífico de las marchas. Esta convocatoria llega en un momento crítico para Colombia, donde la violencia ha escalado drásticamente en regiones como Cauca, con recientes ataques que han dejado militares y policías muertos, además del secuestro de miembros de la Fuerza Pública. Los derrumbes y bloqueos viales en diversas zonas del país evidencian también las deficiencias en infraestructura que afectan la movilidad y economía locales. La declaración presidencial de un “día cívico” y la advertencia a los empleadores genera inquietud en el sector productivo, ya golpeado por indicadores económicos a la baja, inflación persistente y un desempleo que sigue siendo preocupante. Analistas cuestionan la pertinencia de paralizar actividades en un contexto donde la recuperación económica es prioritaria para millones de colombianos. La oposición ha señalado que esta convocatoria busca presionar al Congreso y a las cortes en medio de los debates sobre las reformas gubernamentales, utilizando la movilización social como mecanismo de presión institucional. La tensión política se incrementa mientras los índices de popularidad del gobierno continúan en descenso según las más recientes encuestas. Mientras el Ejecutivo concentra esfuerzos en estas movilizaciones, las comunidades en zonas de conflicto siguen reclamando mayor presencia estatal y soluciones efectivas a la crisis de seguridad que ha recrudecido en los últimos meses.

El expresidente de Colombia y actual director del Partido Liberal, César Gaviria, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno Nacional y al presidente Gustavo Petro por presuntas amenazas y persecución contra senadores de su colectividad que firmaron la ponencia para archivar la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. En una carta dirigida a José Luis Caballero Ochoa, presidente de la CIDH, Gaviria alertó sobre “los preocupantes ataques, amenazas y actos de persecución” que han sufrido varios senadores de la Comisión Séptima del Senado, quienes han sido objeto de presiones tras su decisión de oponerse a la reforma laboral. Según el exmandatario, uno de los casos más graves es el del senador Miguel Ángel Pinto, quien, a raíz de su postura frente a la reforma, ha sido blanco de calumnias e incluso ha visto afectada la seguridad de su familia. “Su hija, Silvia Pinto Vargas, fue despedida arbitrariamente del Fondo Nacional del Ahorro en una clara represalia política”, denunció Gaviria. Además, el senador ha sido acusado falsamente de tener vínculos con grupos paramilitares, lo que, según el exmandatario, busca desprestigiar su imagen y desacreditar su labor legislativa. La denuncia también menciona que otros congresistas, como Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, han sido objeto de amenazas y presiones similares. “Se ha querido imponer un discurso según el cual estos senadores son enemigos de los trabajadores y obstaculizan las reformas que el país necesita, lo que ha generado un clima de hostilidad en su contra”, advierte Gaviria en su misiva.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, descartó declarar día cívico el 18 de marzo, fecha en la que el presidente Gustavo Petro convocó a marchas en apoyo a la consulta popular que promueve. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el martes 18 de marzo será un día laboral normal para los servidores públicos de la ciudad, esto en respuesta al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la jornada cívica para incentivar la participación en las movilizaciones a favor de la consulta popular, el mandatario local afirmó que las instituciones públicas seguirán operando sin interrupciones. El martes 18 de marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública”, declaró Gutiérrez. El alcalde enfatizó que su responsabilidad es garantizar la continuidad de los servicios públicos y el funcionamiento de la ciudad. “Como alcalde, solo puedo tomar la decisión en el sector público del Distrito y eso hago: tenemos una gran responsabilidad con Medellín, la gente confía en nosotros y no vamos a parar”, subrayó. El presidente Petro anunció que la fecha sería cívica para facilitar la asistencia a las movilizaciones promovidas por centrales obreras y sectores sociales. Esta jornada es el inicio de la campaña por el “Sí” en la consulta popular, una iniciativa gubernamental tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso. Gutiérrez, en su declaración, también resaltó la importancia de la productividad y la generación de empleo como pilares del desarrollo social. “Que siga creciendo la economía. Que se sigan generando miles de empleos de buena calidad y bien pagos. No existe mejor política social que la generación de empleo”, afirmó. Con este pronunciamiento, el alcalde de Medellín se suma a los mandatarios locales que han tomado distancia del llamado presidencial, manteniendo la normalidad en sus jurisdicciones.

Chevron tiene hasta el 3 de abril para desmontar operaciones en Venezuela, esto luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó este martes la licencia que permitía a la empresa exportar petróleo de Venezuela. La licencia revocada es la 41 y da paso a la 41A , que establece las transacciones necesarias “para la liquidación de las transacciones previamente autorizadas por la Licencia General 41 de Venezuela relacionadas con la operación y administración por parte de Chevron Corporation o sus subsidiarias de las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela que involucran a PDVSA o cualquier entidad en la que PDVSA posee, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más (…) ), están autorizadas hasta las 12:01 a. m., hora del este, del 3 de abril de 2025”. La notificación publicada por la Ofac, establece que no se autoriza el pago de impuestos o regalías al Gobierno de Venezuela. El pago de cualquier dividendo, incluido un dividendo en especie, a Petróleos de Venezuela, o a cualquier entidad en la que Pdvsa posea, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más. Además incluye:Prohíbe la venta de petróleo o productos derivados del petróleo producidos por o a través de las empresas conjuntas Chevron para su exportación a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos.Cualquier transacción que involucre a una entidad ubicada en Venezuela que sea propiedad o esté controlada por una entidad ubicada en la Federación Rusa. Cualquier transacción prohibida por la VSR, incluidas las transacciones que involucren a cualquier persona bloqueada de conformidad con la VSR que no sean las personas bloqueadas descritas en el párrafo (a) de esta licencia general, a menos que se autoricen por separado. A partir del 4 de marzo de 2025, la Licencia General N.° 41, de fecha 26 de noviembre de 2022, queda reemplazada y sustituida en su totalidad por esta Licencia General N.° 41A Esta decisión de revocar la licencia a la petrolera estadounidense llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la medida el pasado 26 de febrero.

Este lunes 3 de marzo, Laura Sarabia, exfuncionaria de la Unidad de Trabajo Legislativo, dirigió una carta al Presidente Gustavo Petro en la que solicita su declaración de impedimento en la investigación que involucra a Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela y ante la FAO. Sarabia fundamenta su solicitud en su relación laboral previa con Benedetti, quien fue su superior durante su tiempo en la Unidad de Trabajo Legislativo, donde trabajó entre 2018 y 2020. En su misiva, destaca que durante ese periodo implementaron líneas gubernamentales en conjunto, lo que podría generar un conflicto de interés en el actual proceso disciplinario. La carta también hace referencia al Decreto 869 del 25 de mayo de 2016 y al artículo 61 de la Ley 489 de 1998, que establecen las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores y las atribuciones de la Oficina Asesora Jurídica Interna en el ejercicio de la función disciplinaria. Sarabia enfatiza la importancia de evitar causales de impedimento y conflictos de interés, solicitando no ser vinculada al caso de Benedetti. Actualmente, Benedetti enfrenta investigaciones disciplinarias relacionadas con su desempeño como embajador, tanto en Venezuela como ante la FAO. La solicitud de Sarabia se enmarca en un contexto de creciente atención pública hacia la ética y la transparencia en la gestión pública. En conclusión, Laura Sarabia reitera su petición de impedimento al Presidente Petro, agradeciendo la atención prestada a su solicitud. Esta carta subraya la importancia de mantener altos estándares éticos en el manejo de casos disciplinarios en el país.

En un reciente pronunciamiento a través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado al Congreso para legalizar la marihuana, argumentando que esta medida podría reducir la violencia generada por su cultivo y tráfico ilegal. La solicitud se da en el contexto de la captura de Namoussir Mounir, un importante enlace entre carteles colombianos, mexicanos y de los Balcanes, quien residía en Cartagena y fue detenido recientemente.  Petro destacó que la caída de Mounir evidencia la creciente internacionalización de las mafias dedicadas al narcotráfico, lo que, según él, demuestra el fracaso de las políticas de prohibición. “Hoy existen carteles mucho más poderosos que en la época de Pablo Escobar”, afirmó el mandatario, señalando que la estrategia actual no ha logrado frenar el tráfico de drogas y, por el contrario, ha perpetuado la violencia en el país.  El presidente planteó que la legalización de la marihuana podría ser una alternativa viable para sacar este cultivo de las manos de los grupos armados ilegales, reduciendo así los niveles de violencia asociados al narcotráfico. Además, argumentó que esta medida permitiría regular el mercado, generar ingresos fiscales y enfocar los esfuerzos del Estado en combatir otras formas de crimen organizado.  Desde Caldas Informa, analizamos esta propuesta como parte de un debate más amplio sobre las políticas antidrogas en Colombia. Mientras algunos sectores apoyan la iniciativa como una forma de reducir la violencia y generar oportunidades económicas, otros expresan preocupación por los posibles impactos sociales y de salud pública. 

El caso de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ha vuelto a encender el debate sobre la justicia en Colombia. Mientras ella cumple una condena de 5 años de cárcel por vandalizar una estación de TransMilenio durante el estallido social de 2021, Rafael Andrés Escobar, quien disparó a manifestantes en Cali con un arma de fogueo, hoy es Concejal y promueve una ciudad “más segura”. ¿Doble rasero o justicia selectiva? Epa Colombia se convirtió en un símbolo de las protestas de 2021, pero también en un ejemplo de cómo el sistema judicial puede ser implacable con quienes destruyen propiedad pública. Su condena por terrorismo ha sido criticada por muchos, quienes la ven como una víctima más de un sistema que castiga con dureza a los manifestantes, pero que parece ser indulgente con quienes atacan a los ciudadanos que ejercen su derecho a protestar. Por otro lado, está Rafael Andrés Escobar, un militante de la extrema derecha que, durante las mismas protestas, disparó a quemarropa a manifestantes. A pesar de su accionar violento, hoy ocupa un curul en el Concejo de Cali, promoviendo una ciudad “llena de oportunidades”. ¿Cómo es posible que alguien que atentó contra la vida de otros ahora esté en un cargo público? Este contraste entre ambos casos ha generado un intenso debate en las redes sociales y en las calles. Muchos se preguntan: ¿por qué el vandalismo se castiga con cárcel, pero la violencia contra manifestantes parece quedar impune? ¿Dónde está la justicia en un país que dice luchar por la paz y la equidad? El caso de Epa Colombia y Rafael Andrés Escobar no solo refleja las tensiones sociales que aún persisten en Colombia, sino que también pone en evidencia una justicia a dos velocidades. Mientras algunos pagan con años de cárcel por dañar bienes públicos, otros, que atentaron contra la vida de personas, siguen libres e incluso ocupan cargos de poder. ¿Qué dice la gente?En redes sociales, las opiniones están divididas. Algunos apoyan la condena de Epa Colombia, argumentando que el vandalismo no puede quedar impune. Otros, en cambio, ven en su caso una muestra de la injusticia selectiva que prevalece en el país. “Si Epa va a la cárcel por romper un vidrio, ¿por qué el que disparó a manifestantes no está tras las rejas?”, cuestionó un usuario en Twitter. Lo cierto es que este debate no solo pone en tela de juicio al sistema judicial, sino que también invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir. ¿Una donde se castigue con igual severidad la destrucción de bienes y la violencia contra las personas? ¿O una donde prevalezca la impunidad para algunos y la mano dura para otros?

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las operaciones militares conjuntas con el régimen de Nicolás Maduro en la frontera colombo-venezolana no pasaron desapercibidas. Y, como era de esperarse, los memes no tardaron en aparecer. Las redes sociales explotaron de humor, sarcasmo y críticas ante la alianza entre el gobierno colombiano y un régimen que, según muchos, se “atornilló en el poder a la fuerza” sin respetar la democracia venezolana. Petro anunció que las operaciones están enfocadas en combatir al ELN y el narcotráfico en la región del Catatumbo, pero la noticia de que Colombia estaría trabajando mano a mano con el gobierno de Maduro generó todo tipo de reacciones. “Se ha iniciado una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo-venezolana. Buscamos la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN”, escribió el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter). Sin embargo, para muchos usuarios de redes sociales, esta alianza es más un chiste que una estrategia seria. Los memes no se hicieron esperar: desde comparaciones con películas de acción hasta burlas sobre la “amistad” entre Petro y Maduro, las publicaciones se volvieron virales en cuestión de horas. Uno de los memes más compartidos muestra a Petro y Maduro como protagonistas de una película titulada “Operación Catatumbo: Misión Imposible”, con la frase: “Cuando los héroes no son tan heroicos”. Otro usuario publicó una imagen de ambos líderes con el texto: “Petro y Maduro, juntos contra el ELN… y contra la credibilidad”. Pero no todo es risas. Algunos ciudadanos expresaron su preocupación por lo que consideran una alianza incómoda. “¿De verdad vamos a confiar en un régimen que ha sido señalado de violaciones a los derechos humanos y vínculos con grupos ilegales?”, preguntó un usuario en Twitter. Mientras tanto, los habitantes del Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la violencia y el narcotráfico, esperan que estas operaciones conjuntas no sean solo un show mediático y que, finalmente, les traigan algo de paz.

El presidente Gustavo Petro sorprendió a propios y extraños este viernes al anunciar que Colombia y el régimen de Nicolás Maduro están trabajando juntos en operaciones militares contra el ELN y el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana. Sí, leíste bien: Petro y Maduro, mano a mano, en una jugada que no muchos se esperaban. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario colombiano aseguró que “se ha iniciado una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo-venezolana”. Y no solo eso, también dejó claro que el objetivo es acabar con las mafias que operan en la zona. “Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía”, escribió. Pero aquí está el detalle: esta alianza militar no es casual. Viene después de que el ELN desatara una ola de violencia en la región del Catatumbo a mediados de enero, intentando arrebatarle el control territorial a las disidencias del Frente 33 de las FARC. La situación se puso tan caliente que el entonces canciller Luis Gilberto Murillo le pidió a las Fuerzas Militares venezolanas que bloquearan el paso a los insurgentes del ELN desde su lado de la frontera. Ahora, con esta operación conjunta, Petro busca dar un golpe contundente al ELN y al narcotráfico, dos problemas que han mantenido en vilo a los habitantes de la frontera. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos sectores critican que el gobierno colombiano esté colaborando con el régimen de Maduro, cuestionado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos y falta de democracia. “¿De verdad creen que Maduro va a ayudar a combatir el narcotráfico cuando su gobierno ha sido señalado de tener vínculos con grupos ilegales?”, se preguntó un usuario en redes sociales. Mientras tanto, los habitantes del Catatumbo esperan que esta operación conjunta no sea solo un show mediático y que, finalmente, les traiga algo de paz a una región que lleva décadas sufriendo los estragos de la violencia.