El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha expedido el Decreto 0572 de 2025, una medida que busca inyectar liquidez a las arcas del Estado pero que ya está generando un fuerte debate y preocupación en el sector empresarial y entre los ciudadanos. Esta normativa, que entrará en vigor el 1 de junio de 2025, modifica las reglas del juego para el pago anticipado de impuestos. En términos sencillos, este decreto es una herramienta del Gobierno para adelantar el recaudo de impuestos. Lo que usualmente se pagaría como parte de la declaración de renta del próximo año (2026), ahora se comenzará a retener o a pagar de forma anticipada durante este año 2025. La forma en que lo hace es modificando las tarifas y las bases mínimas de la retención en la fuente y la autorretención a título del impuesto sobre la renta. Esto significa que, a muchas empresas y personas, el Estado les cobrará una porción mayor de sus impuestos por adelantado, antes de que termine el año fiscal. La medida tiene un impacto amplio y ha generado una fuerte ola de críticas por parte de diversos gremios empresariales, asociaciones sectoriales y expertos económicos en Colombia. Las principales objeciones y argumentos que esgrimen son: Empresas, especialmente MiPymes: Organizaciones como Acopi (que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas) han alertado que este adelanto en el cobro afectará gravemente el flujo de caja de las compañías. “Imagínese que usted esperaba ese dinero para invertir, pagar salarios o cubrir operaciones; ahora tendrá que entregarlo antes al Estado. Esto podría llevar a problemas de liquidez, la necesidad de endeudarse, la posible pérdida de empleos e incluso el riesgo de quiebra para algunos negocios”. Sector Agrícola y Energético: El decreto establece un aumento en las tarifas de autorretención para ciertos sectores. Por ejemplo, el sector agrícola pasará de una tarifa del 0,55% al 1,2%, y la generación y comercialización de energía eléctrica verá un salto del 2,2% al 4,5%. Esto representa un impacto directo en los costos operativos de estas industrias. “Reforma tributaria disfrazada” o “encubierta”: Los críticos argumentan que el gobierno busca aumentar sus ingresos sin pasar por el debate y la aprobación del Congreso de la República, el ente constitucionalmente facultado para una reforma tributaria. Señalan que el decreto altera elementos esenciales del impuesto, como la base gravable y las condiciones de la retención. Saldos a Favor: Al pagar más impuestos por adelantado, es posible que muchos contribuyentes terminen el año con saldos a favor con la DIAN. Esto, si bien es dinero que les pertenece, implica procesos administrativos complejos y que toman tiempo para su compensación o devolución. Afectación a “Obras por Impuestos”: El mecanismo de “Obras por Impuestos”, que permite a las empresas invertir directamente en proyectos sociales a cambio de pagar menos impuestos, podría verse afectado. Si las empresas no tienen saldos suficientes por el adelanto de las retenciones, es posible que no puedan destinar recursos a estas importantes iniciativas. “Pan para hoy, hambre para mañana” / “Jineteando el dinero del 2026”: Esta metáfora ilustra la crítica de que el gobierno está recurriendo a un “anticipo” de ingresos fiscales que corresponderían al año 2026 para tapar el déficit presupuestal de 2025. Esto, según los críticos (incluido el exministro Restrepo y gremios como la Andi), generará un “hueco gigante” en las finanzas públicas del próximo año, trasladando el problema fiscal al futuro y comprometiendo la estabilidad económica a largo plazo. Riesgo para la inversión y el empleo: Con una menor liquidez y una mayor presión fiscal, las empresas podrían reducir o aplazar sus planes de inversión. Esto, a su vez, impacta negativamente la generación de empleo formal y el crecimiento económico del país. Se advierte que la medida podría llevar a cierres de empresas, especialmente MiPymes, y a un aumento de la informalidad. Aumento de costos y posible inflación: Los sectores más afectados por el incremento de las tarifas de autorretención (como el agrícola, transporte, comercio, servicios, etc.) podrían verse obligados a trasladar estos mayores costos a los precios finales de sus bienes y servicios. Esto podría generar una presión inflacionaria adicional, afectando directamente el poder adquisitivo de los consumidores colombianos. Incertidumbre y desconfianza: La expedición de este tipo de decretos sin un debate amplio y concertado con el sector productivo genera incertidumbre jurídica y económica. Expertos y gremios señalan que estas “políticas fiscales improvisadas” erosionan la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, lo que desincentiva la inversión y deteriora el entorno para la competitividad. Sectores específicos en alto riesgo: Gremios como el de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) han advertido que el decreto les impone una carga fiscal insostenible, poniendo en “alto riesgo” su operación y su capacidad para pagar salarios y proveedores, en un sector que ya atraviesa una crisis. De igual forma, el sector transporte ha manifestado su preocupación por la inviabilidad de anticipar impuestos por utilidades que aún no se han generado, señalando que “acelera el camino hacia la quiebra para muchos transportadores”. El Decreto 0572 de 2025 es, sin duda, una de las decisiones económicas más controversia del Gobierno en los últimos días. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como necesaria para la estabilidad fiscal, el sector privado y los expertos advierten sobre sus posibles efectos negativos en la economía real. La expectativa ahora se centra en cómo impactará esta medida el día a día de las empresas y, en última instancia, el bolsillo de los colombianos. ¿Cree usted que esta medida es la solución adecuada para la liquidez del Gobierno? Nos gustaría conocer su opinión.
