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El presidente Gustavo Petro sorprendió a propios y extraños este viernes al anunciar que Colombia y el régimen de Nicolás Maduro están trabajando juntos en operaciones militares contra el ELN y el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana. Sí, leíste bien: Petro y Maduro, mano a mano, en una jugada que no muchos se esperaban. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario colombiano aseguró que “se ha iniciado una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo-venezolana”. Y no solo eso, también dejó claro que el objetivo es acabar con las mafias que operan en la zona. “Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía”, escribió. Pero aquí está el detalle: esta alianza militar no es casual. Viene después de que el ELN desatara una ola de violencia en la región del Catatumbo a mediados de enero, intentando arrebatarle el control territorial a las disidencias del Frente 33 de las FARC. La situación se puso tan caliente que el entonces canciller Luis Gilberto Murillo le pidió a las Fuerzas Militares venezolanas que bloquearan el paso a los insurgentes del ELN desde su lado de la frontera. Ahora, con esta operación conjunta, Petro busca dar un golpe contundente al ELN y al narcotráfico, dos problemas que han mantenido en vilo a los habitantes de la frontera. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos sectores critican que el gobierno colombiano esté colaborando con el régimen de Maduro, cuestionado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos y falta de democracia. “¿De verdad creen que Maduro va a ayudar a combatir el narcotráfico cuando su gobierno ha sido señalado de tener vínculos con grupos ilegales?”, se preguntó un usuario en redes sociales. Mientras tanto, los habitantes del Catatumbo esperan que esta operación conjunta no sea solo un show mediático y que, finalmente, les traiga algo de paz a una región que lleva décadas sufriendo los estragos de la violencia.

El controvertido congresista Miguel Polo Polo no se queda quieto. Después de hacer ruido en la Cámara con sus declaraciones polémicas y enfrentamientos con la izquierda, ahora apunta más alto: la Presidencia de Colombia en 2026. El parlamentario confirmó que renunciará a su curul en los próximos días y dejará el Partido Verde Ecologista para lanzarse como precandidato por firmas. Polo Polo no pierde tiempo y ya tiene todo listo para su campaña. Con un eslogan que juega con su apellido, “Transformando a Colombia de polo a polo”, promete revolucionar el país “desde La Guajira hasta el Amazonas”. Pero no se queda solo en frases bonitas: el congresista asegura que manejará el Estado como una empresa, donde los 50 millones de colombianos serán sus “socios”. ¿Y cómo piensa hacerlo? Con medidas que no dejan a nadie indiferente. Polo Polo propone reducir el tamaño del gobierno eliminando 13 de los 18 ministerios actuales. Solo dejaría cinco: Hacienda, Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y uno más que no especificó. Los demás los fusionaría con agencias o los convertiría en secretarías con menos presupuesto. Además, quiere abrir el sector financiero para que lleguen más bancos internacionales y ofrecer créditos baratos a los más pobres. Pero no todo es economía. En materia de seguridad, el mensaje de Polo Polo es claro y contundente: “Plomo es lo que hay y plomo es lo que viene para los bandidos y los guerrilleros”. También promete restablecer las relaciones con Israel y trasladar la embajada colombiana a Jerusalén, una medida que seguramente generará debate. Sin embargo, no todo es color de rosa en la carrera de Polo Polo. El congresista es conocido por sus declaraciones polémicas y enfrentamientos con sectores progresistas. Recientemente, tuvo un fuerte roce con las madres de Soacha, cuyos hijos fueron víctimas de los falsos positivos. Aunque la justicia le dio la razón en un caso judicial, su imagen sigue siendo divisiva. Ahora, con su salida de la Cámara y su lanzamiento a la Presidencia, Polo Polo busca consolidarse como una figura clave de la derecha colombiana. Pero, ¿logrará convencer a los colombianos de que es el candidato que necesita el país? Eso está por verse.

Más de cien académicos y expertos en relaciones internacionales le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para decirle, sin pelos en la lengua, que el nombramiento de Laura Sarabia como nueva canciller es un error garrafal. Los firmantes, muchos de ellos con años de experiencia en la diplomacia colombiana, no se andan con rodeos: Sarabia no tiene ni la experiencia ni el perfil para manejar el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la carta, los académicos no solo cuestionan la falta de méritos de Sarabia, sino que también le recuerdan a Petro que la Cancillería no es un puesto para repartir entre amigos o aliados políticos. “Esta designación transgrede principios fundamentales de la transparencia, el mérito y el profesionalismo que suponen el ejercicio y liderazgo de la política exterior del país”, escribieron. O sea, para ellos, este nombramiento es un golpe bajo a la carrera diplomática y a la reputación de Colombia en el mundo. Pero eso no es todo. Los académicos también le echaron en cara a Petro que Sarabia ha estado envuelta en varios escándalos que, según ellos, manchan la imagen del país. “Los escándalos en los que ella ha sido protagonista afectan la reputación del país ante la comunidad internacional”, aseguraron. Y no les falta razón: recordemos que Sarabia ha estado en el ojo del huracán por temas como el caso de la empleada doméstica y las filtraciones de información. Los firmantes le pidieron al presidente que piense bien las cosas, sobre todo en un momento en el que Colombia tiene un papel clave en la región. “La complejidad de este momento, además del importante rol que ahora ejerce el país en diferentes instituciones de integración regional, requieren de un o una canciller con la trayectoria y la sabiduría suficientes”, insistieron. Pero, por ahora, Petro parece hacer oídos sordos. Mientras tanto, los académicos y expertos en relaciones internacionales se quedan con la preocupación de que la Cancillería esté en manos de alguien que, según ellos, no está a la altura del cargo.

El presidente Gustavo Petro reveló detalles de su reunión con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la que abordó el aplazamiento de los giros de recursos para obras clave de movilidad en la capital, como el Metro de Bogotá y el Regiotram. Además, el mandatario anunció que presentará una nueva reforma tributaria al Congreso, argumentando que sin su aprobación, los recursos para estas obras podrían pasar de un aplazamiento a un recorte definitivo. Petro explicó que el aplazamiento de los fondos se debe a la falta de financiamiento tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. “Si el Congreso no aprueba la reforma tributaria que se les presentará, no podrán ser financiadas esas partidas y pasarán del aplazamiento al recorte”, afirmó el presidente. Durante el encuentro con Galán, Petro reiteró que su administración está cumpliendo con los acuerdos firmados en gobiernos anteriores, específicamente el convenio entre Juan Manuel Santos y Enrique Peñalosa, que establece pagos semestrales para el Metro de Bogotá. “Ni una palabra más ni una palabra menos”, aseguró el mandatario, añadiendo que, de girar los recursos ahora, estos quedarían “irremediablemente guardados en un banco”. El presidente también señaló que su Plan Nacional de Desarrollo prioriza el apoyo a sistemas de transporte masivo que sean férreos o electrificados. En ese sentido, ofreció garantizar con vigencias futuras la compra de flotas de buses eléctricos, lo que, según él, reduciría “de manera sustancial” las tarifas del transporte público en el país. Sin embargo, condicionó este apoyo a que los alcaldes se comprometan a implementar sistemas eléctricos y férreos en sus ciudades. Esta postura ha generado debate, especialmente en Bogotá, donde el Metro es una de las obras más esperadas por los ciudadanos. Mientras el alcalde Galán busca acelerar los avances del proyecto, Petro insiste en que la prioridad de su gobierno es garantizar los recursos para la justicia social y los derechos universales.