CALDAS INFORMA | Análisis
El presidente Gustavo Petro ha convocado a una masiva movilización nacional para el próximo martes, declarándolo “día cívico” e invitando a indígenas, mujeres y campesinos a salir “sin miedo” en lo que ha denominado el inicio de una “consulta popular”. El mandatario anunció que encabezará personalmente la manifestación en Bogotá y aseguró que la Fuerza Pública tiene órdenes de no intervenir, siempre que se mantenga el carácter pacífico de las marchas.
Esta convocatoria llega en un momento crítico para Colombia, donde la violencia ha escalado drásticamente en regiones como Cauca, con recientes ataques que han dejado militares y policías muertos, además del secuestro de miembros de la Fuerza Pública. Los derrumbes y bloqueos viales en diversas zonas del país evidencian también las deficiencias en infraestructura que afectan la movilidad y economía locales.
La declaración presidencial de un “día cívico” y la advertencia a los empleadores genera inquietud en el sector productivo, ya golpeado por indicadores económicos a la baja, inflación persistente y un desempleo que sigue siendo preocupante. Analistas cuestionan la pertinencia de paralizar actividades en un contexto donde la recuperación económica es prioritaria para millones de colombianos.
La oposición ha señalado que esta convocatoria busca presionar al Congreso y a las cortes en medio de los debates sobre las reformas gubernamentales, utilizando la movilización social como mecanismo de presión institucional. La tensión política se incrementa mientras los índices de popularidad del gobierno continúan en descenso según las más recientes encuestas.
Mientras el Ejecutivo concentra esfuerzos en estas movilizaciones, las comunidades en zonas de conflicto siguen reclamando mayor presencia estatal y soluciones efectivas a la crisis de seguridad que ha recrudecido en los últimos meses.